LAS FAMILIAS MONOPARENTALES RECLAMAN MEDIDAS URGENTES AL GOBIERNO ANTE SU INACCIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE DESIGUALDAD EN QUE SE ENCUENTRAN PERMITIENDO QUE NIÑOS Y NIÑAS CREZCAN DISCRIMINADOS POR SU ESTRUCTURA FAMILIAR.

El pasado mes de junio la Federación de Asociaciones de Madres Solteras-FAMS “suspendió el curso” al Gobierno por su inacción ante una situación en la que viven casi 2.000.000 de familias de este país, familias con niños y niñas a cargo. Ante la situación de crisis mundial, primero con motivo de la pandemia de la COVID19 y ahora con motivo del conflicto bélico en Ucrania, el Gobierno ha ido anunciando diversas medidas que pretenden paliar los efectos negativos de estas crisis, pero olvidan la discriminación en que históricamente se encuentran las familias monoparentales frente aquellas sostenidas por dos personas adultas o familias biparentales. Un “olvido” sistemático, abandono, en definitiva, que se ve perpetuado en las medidas de choque establecidas por el Gobierno.

El tiempo pasa, las familias monoparentales sobrevivimos como podemos y cargamos solas con los cuidados, el trabajo, las necesidades de cualquier hogar, el equilibrio emocional. Si las familias monoparentales se situaban en 2020, según datos del INE, en un 49,1% en riesgo de pobreza, la inacción a la hora tomar medidas específicas para nuestro modelo familiar eliminando las discriminaciones que soportamos, ha empujado al 54,3% de nuestras familias a situaciones de vulnerabilidad y la exclusión social, según esta misma encuesta en 2021. Un dato que duplica el equivalente en familias biparentales. Situaciones que implican desigualdad y pobreza en niños y niñas única y exclusivamente por su estructura familiar.

Iniciamos la pandemia en objetiva posición de desventaja ante el reto que ésta impuso a todas las familias en materia de cuidados y conciliación, y por ende en materia de empleo. A ello hay que sumar que las medidas impulsadas para trabajar y cuidar no nos han tenido en cuenta como un modelo de familia más considerando nuestra especificidad, una sola persona adulta al frente de una familia (un 81% mujeres). Sin habernos recuperado de las consecuencias de esto, acumulamos ahora la creciente inflación sin que hasta la fecha se haya implementado una sola medida dirigida a corregir desigualdades y, por tanto, a abordar las causas del empobrecimiento de las familias monoparentales, su empoderamiento y autonomía como familias.

Partimos pues, de una vulneración sistemática de nuestros derechos y de los de nuestras hijas e hijos que urge corregir. Es necesario garantizar el derecho de los y las menores a no ser discriminados por su estructura familiar, por lo que nuestras reivindicaciones son legítimas, estando amparadas por el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño y por el artículo 39 de la Constitución. Nos ampara el derecho fundamental de no discriminación – ni por estado civil, ni por estructura o composición familiar-, establecido en el artículo 14 de la Constitución. Y nos ampara también el marco legal de igualdad de género, tratándose de un modelo feminizado. Por otro lado, nuestras reivindicaciones impactan de lleno en los objetivos de la Agenda 2030.

Para que la igualdad de oportunidades sea real, deben reconocerse las diferencias que existen para desarrollar medidas que garanticen la equidad.  

A la espera de la tan anunciada Ley de Familias, en la que el Gobierno ha decidido incluir la regulación de nuestro modelo familiar, sentimos que el Estado y sus instituciones continúan ignorando la necesidad de establecer un marco jurídico y de poner en marcha medidas específicas para las familias monoparentales. A pesar de las palabras de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del pasado 15 de mayo por el Día de las Familias, relativas a la aprobación en septiembre del anteproyecto de Ley de Familias en Consejo de Ministros, la tramitación puede demorarse, pendiente de negociaciones entre ministerios y de los trámites preceptivos previos a la aprobación en segunda vuelta y, posteriormente, el debate parlamentario en Congreso y Senado.

Por lo que, para lograr una equidad e igualdad real y evitar que se continúe discriminando a nuestras hijas e hijos por su modelo familiar, pedimos al Gobierno y a la clase política en general con su apoyo, la implementación desde ya, de medidas urgentes para las familias monoparentales, bien a través de un Real Decreto Ley o de otros instrumentos, dando cumplimiento a la Moción 661/000388 (BOCG, Senado, número 117, de fecha 3 de diciembre de 2020), y que tengan en cuenta, entre otras, las siguientes: 

• Equiparación de derechos entre las familias monoparentales y biparentales en los permisos laborales para cuidado de menores y prestaciones derivadas en el Sistema de la Seguridad Social. 32 semanas por nacimiento, acogida o adopción. Garantía de acceso de las monoparentales a la prestación de corresponsabilidad con el cuidado del lactante.
• Bono Social: aplicación del mismo criterio de acceso que las familias numerosas. El criterio actual es más restrictivo para monoparentales que para biparentales al guardar relación con el número de miembros y no con los gastos mínimos que soporta cualquier familia con independencia del número de personas adultas que la sostengan, y no considera nuestros mayores gastos en conciliación, irrenunciables para poder traer un único sueldo a casa. Se trata a la familia monoparental como una circunstancia especial, olvidando que somos familias y que dichas circunstancias también pueden presentarse en las nuestras (discapacidad o violencia).
• Políticas públicas para que las familias monoparentales puedan acceder en condiciones de equidad y justicia social a las ayudas de vivienda pública.
• Modificación de la Ley de Haciendas Locales para extender las bonificaciones fiscales a familias monoparentales además de a numerosas.
• IMV: Modificación de los criterios, para considerar a todas las familias monoparentales como unidad de convivencia independiente, respecto del cómputo de sus ingresos y del complemento de monoparentalidad. Revisión de los criterios de renta para el complemento a la infancia, igualando al de biparentales con el mismo número de hijos/as.
• IRPF: Igualar la reducción por tributación conjunta a la de las familias tradicionales, 3.400 €, considerando nuestra menor capacidad económica real por mayores gastos en conciliación. Extensión de la deducción por monoparentalidad a las de 1 hijo/a, equiparando a las de 2 o más a numerosas de régimen especial. Sufrimos una importante penalización frente al modelo biparental. Nuestra presión fiscal es hasta un 12% mayor, llegando al 13% en casos de nacimiento, acogida o adopción, por la exención fiscal de la prestación.

• Reconocimiento inmediato de la condición de familia numerosa a todas las familias monoparentales con dos hijos/as. Han transcurrido más de 14 años desde que la Ley de PGE para el año 2008, junto a la de 2009 y 2010, instara a la modificación de la Ley de Familias numeroas para incluir a todas las monoparentales de dos hijos/as y no sólo aquellas procedentes de la pérdida de una de las personas progenitoras. Aún pendiente.
• Conciliación y empleabilidad: Servicios públicos de cuidado, de conciliación, apoyo domiciliario, ayudas para conciliar, precios bonificados, teletrabajo, etc. Medidas desde la corresponsabilidad social. Las familias monoparentales necesitamos que la corresponsabilidad sea con lo público. Tiene que ser un hecho, no puede ser que estemos conciliando solo con nuestros propios recursos. Las administraciones tienen como obligación facilitar que las personas podamos cuidar con garantías y asegurar unas condiciones de vida digna a todas las familias sea cual sea su composición

Pedimos al movimiento asociativo, entidades y colectivos, que se sumen a nuestra justa petición. Igualdad real, equidad con nuestro modelo familiar y no discriminación. La infancia es cosa de todos.

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#LaInfanciaAsuntodeTodos