A través de una Sentencia conocida hoy deniega la ampliación del permiso por nacimiento, acogida y adopción para los hijos e hijas de las familias monoparentales, el 81% de ellas encabezadas por mujeres, permitiendo que se sostenga una discriminación sobre estos niños y niñas y una brecha sobre sus madres.

El Supremo, a pesar de anular la sentencia recurrida, mantiene la situación jurídica de la afectada, que conserva el derecho a disfrutar de este doble permiso reconocido por los tribunales vascos. Sin embargo, afirma que no es su misión legislar cuando, en cambio, son múltiples las ocasiones en las que sí ha realizado una interpretación normativa integradora en virtud del interés superior del menor o con perspectiva de género, como así hacen constar los dos votos particulares a la Sentencia.

Miriam Tormo, presidenta de la Asociación Madres Solteras por Elección (AMSPE), entidad que encabeza la lucha por la ampliación de este permiso, lamenta profundamente el fallo: “Es otra oportunidad perdida para garantizar la equidad y la igualdad de trato de niños y niñas sea cual sea su estructura familiar, así como para avanzar en el reconocimiento jurídico de nuestro modelo de familia y en la eliminación de las discriminaciones que soportamos”.

Son ya ocho los TSJ de toda España que se han pronunciado a favor de la ampliación, así como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), amparándose en una interpretación normativa garantista de la igualdad, en aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, de la Constitución Española e incluso de Directivas Europeas. Los jueces y las juezas monoparentales que dicten sentencias pueden en disfrutar de la ampliación de su permiso sin necesidad de acudir a la vía judicial.

El Alto Tribunal, a pesar de argumentar que no le corresponde legislar, tiene en cuenta que el Senado rechazó recientemente una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que proponía la acumulación del tiempo de permiso que correspondería a la otra persona trabajadora si la hubiera. Pero, en cambio, se olvida de la abrumadora mayoría alcanzada en el Congreso de los Diputados, con sólo dos abstenciones y ningún voto en contra, para la toma en consideración de una Proposición de Ley presentada por el Partido Popular para ampliar el permiso a nuestras familias. También se olvida de que el mismo Senado, por abrumadora mayoría, aprobó una Moción en octubre de 2020 que instaba al Gobierno de España a realizar la modificación.

Toca mover ficha al Poder Ejecutivo, pues el Legislativo, tanto en el Congreso como en el Senado, ya se ha pronunciado.

Es el Gobierno, en concreto la parte socialista, la que ha dejado fuera esta cuestión del Anteproyecto de Ley de Familias. El Ministerio de Trabajo incluyó la ampliación en el APL de Transposición de la Directiva Europea de Conciliación, texto que finalmente se integró en el APL de Familias. El Ministerio de Derechos Sociales, en concreto la ministra Belarra, ya se pronunció a favor de esta ampliación, pues incluso anunció que el texto la contenía. El Ministerio de Inclusión, en reunión con representante de esta asociación, se mostró favorable a esta ampliación, incluso el ministro Escrivá así lo manifestó en un programa de la televisión pública andaluza. Resulta inexplicable pues, con todos estos antecedentes, que el Gobierno no acabe con esta situación de total indefensión en la que se encuentran las familias monoparentales.

La Asociación MSPE insta al Gobierno en su conjunto y al Ministerio de Hacienda en particular a que se replantee el texto del APL de Familias antes de su aprobación en segunda vuelta del Consejo de Ministros o a buscar una solución normativa de urgencia, cumpliendo así con el mandato del Senado y poniendo fin a esta discriminación.