Este miércoles, 6 de noviembre, el pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que “las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, no puedan ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo más allá de 16 semanas”.

“Con este pronunciamiento el Alto Tribunal reconoce que con la legislación actual nuestras hijas e hijos están discriminados”, valora Pilar Castellanos, presidenta de la AMSPE. “Todavía estamos valorando y asimilando la noticia ya que surgen muchas preguntas: cómo se va aplicar, desde cuándo, qué sucede con las trabajadoras autónomas y con las funcionarias… Tenemos trabajo por delante”.

Según la publicación del Constitucional, “en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, en las familias monoparentales el permiso a que hacen referencia los arts. 48.4 ET y 177 LGSS ha de ser interpretado en el sentido de adicionar al permiso para la madre biológica (16 semanas), el previsto para progenitor distinto (10 semanas, al excluirse las 6 primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto).”

Desde la Asociación recuerdan que su reivindicación se extiende al total de semanas correspondientes al segundo progenitor, ya que restar las 6 primeras semanas -las coincidentes cuando hay dos progenitores- elimina aspectos de la protección de los menores que van más allá del cronológico, que son la protección del empleo frente a despidos y la exención en el IRPF del salario de ese periodo.

En cualquier caso, desde AMSPE esperan “que este anuncio se aplique de forma inmediata y que se extienda «la equiparación» al resto de permisos destinados al cuidado de los niños y niñas, como el permiso para el cuidado del lactante o, el permiso parental de 8 semanas hasta los 8 años, el permiso para cuidadores en caso de enfermedad grave y hospitalización o el de fuerza mayor familiar. Todos ellos cruciales para el bienestar de los niños y las niñas, que siguen disfrutando de la mitad de tiempo de cuidado en estos casos que el resto».

“Ha sido un camino largo desde que lo iniciamos en 2018”, señala Castellanos. “Hemos ido sumando infinidad de colaboraciones en el camino a las que estamos muy agradecidas, desde la Federación de Asociaciones Monoparentales (FAMS), que nos apoyaron desde el principio, hasta abogadas y abogados por toda España y, sobre todo, nuestras socias, que han hecho suya esta reivindicación y una a una están llegando a los tribunales”.

Desde AMSPE consideran que ahora es el turno del poder legislativo y del gobierno para que se cambie la legislación vigente, que se defina legalmente el modelo monoparental y que se aplique un marco protector que acabe con las discriminaciones, bien sea a través de la Ley de familias -actualmente en espera- o de los mecanismos jurídicos que se puedan establecer.