EN LA NUEVA LEY DE VIVIENDA LAS FAMILIAS MONOPARENTALES NO EXISTEN

Ante el inicio de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda por parte del Congreso y el Senado, desde FAMS nos vemos en la necesidad de recordar al Gobierno y los grupos parlamentarios que las familias monoparentales existen.

Madrid, 10 de marzo 2022

Una vez más, nuestras familias son las grandes olvidadas en una Ley que podría representar un enorme avance de derechos para la población en general. Pero lamentamos profundamente que el Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda no solo carezca de enfoque de género (tal y como han señalado otras organizaciones sociales), sino que también carece de perspectiva de infancia y olvida, en consecuencia, a las familias más vulnerables y que más necesitan una ley como esta. Entre estas familias, están las nuestras, las familias monoparentales.

Prácticamente la mitad de las familias monoparentales en España está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según los últimos datos publicados por el INE. Las familias monoparentales NO SON POBRES, están EMPOBRECIDAS por la falta de reconocimiento legal y el olvido sistemático de nuestras familias en el diseño y redacción de las leyes y políticas públicas como el Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda.

Con decepción comprobamos como en el último Plan Estatal de acceso a la vivienda (RD 42/2022, de 18 de enero de 2022) no existe ninguna referencia ni regulación específica que tenga en cuenta a las familias monoparentales. Y con enorme preocupación comprobamos que el articulado del Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que se debate este jueves en el Congreso no subsana “un olvido” inexplicable y que es producto de la discriminación estructural hacia nuestro modelo de familia por no representar a la familia tradicional.

En materia de vivienda las familias monoparentales se enfrentan serias dificultades para acceder a esta tanto en régimen de alquiler como de propiedad. La existencia de un único salario para hacer frente al precio de la misma en un mercado inmobiliario ya de por sí inaccesible, las resistencias de arrendadores y propietarios hacia este modelo de familia cuando lo encabeza una mujer, las exigencias económicas y documentales ya existentes a la hora de firmar un contrato de arrendamiento u obtener un crédito hipotecario.

En octubre de 2020, la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado adoptó una Moción que entre otros aspectos instaba al Gobierno a garantizar la consideración específica de familia monoparental en las políticas públicas dirigidas a la familia, la infancia y la igualdad de género, así como a aplicar políticas que respondan a la urgente necesidad de mayor autonomía de las familias monoparentales, en distintos ámbitos, entre ellos el de la vivienda.

Estas son las propuestas que hacemos desde FAMS y esperamos sean acogidas por los grupos parlamentarios durante el proceso de tramitación del Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda:

1. Dar prioridad a las familias monoparentales en el acceso a viviendas:

a. Precios asequibles para el alquiler y garantizando créditos justos y equiparables a la situación económica en caso de la compra de viviendas.

b. Revisión de los criterios de acceso para evitar la penalización a las familias monoparentales que conviven con otras familias o personas.

c. Establecimiento de condiciones especiales a la subsidiación de préstamos cualificados, otorgamiento de subvenciones y demás ayudas económicas directas de carácter especial.

2. Considerar a las familias monoparentales como beneficiarias directas de las ayudas a la vivienda:

a. Independientemente de si éstas conforman por sí mismas una unidad de convivencia o no al existir familias monoparentales que, por falta de recursos, se ven obligadas a compartir vivienda.

b. En todo caso, las familias monoparentales somos cuidadoras únicas de los familiares dependientes con los que convivimos.

3. Incluir de forma expresa a las familias monoparentales en la adjudicación de viviendas protegidas:

a. Establecimiento de una superior puntuación en los baremos aplicables;

b. Incremento del límite de ingresos computables para el acceso a viviendas protegidas teniendo en cuenta la capacidad económica real de nuestras familias, las cuáles tenemos con mayores gastos en la conciliación, aspecto imprescindible para poder garantizar un ingreso familiar digno como único salario.

c. Existencia de un cupo reservado a las familias monoparentales más vulnerables (migrantes, con discapacidad, desempleadas, problemas de salud, etc.) de viviendas en las promociones públicas.

d. Facilitar el cambio a otra vivienda protegida de mayor superficie cuando se produzca una ampliación del número de miembros de la familia, o su adaptación cuando no cumpla las condiciones de accesibilidad adecuadas por una situación de discapacidad sobrevenida de algún miembro de la familia.

4. Proteger a las familias monoparentales en los desahucios;
a. Ofrecer alojamiento alternativo en todos los casos a las familias monoparentales independientemente de la situación administrativa de la familia. El derecho a la vivienda es un derecho humano.

5. No dejar atrás a las familias monoparentales:

a. Reconocer como familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos que, de acuerdo con la normativa vigente, no tienen acceso a dicha condición.

Para que la vivienda llegue a todos los colectivos en situación de vulnerabilidad y todas las personas tengan una vivienda digna, adecuada y accesible es necesario tener presente las necesidades de las familias monoparentales.

Desde FAMS defendemos que la vivienda es un derecho humano indispensable y un derecho fundamental tal como viene recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución. Es un pilar básico para que todas las personas puedan tener garantizados derechos tan esenciales como son la salud y el bienestar, muy especialmente para las más vulnerables a la pobreza y la desigualdad como las familias monoparentales.

Nuestras familias existen. Deben dejar de ser invisibles a los ojos de quienes redactan, debaten y aprueban las leyes que mejoran la vida de la gente.